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Se trata de un instrumento básico y esencial para el correcto funcionamiento de cualquier administración local y en el que se da rendida cuenta de los distintos bienes y propiedades que forman parte del patrimonio municipal de un determinado ayuntamiento ya que permite la conservación de defensa del mismo en base a lo establecido en el art.28 de la Ley 33/2003.
Estableciéndose en el art.32.1 de la Ley 33/2003:
Artículo 32.
Obligación de formar inventario. Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados. Señalándose también en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local en su art.86:
Art. 86.
Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la Corporación.

El Capítulo I del Título I de dicha ley, en su artículo segundo, señala quiénes están obligados: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local entre otras.

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